Editorial

El problema educativo en la ciudad: sobreoferta o negación

Columnistas

En los últimos años en el municipio de Ocaña se ha venido presentando una serie de eventos en el marco de la educación, que ha creado una compleja problemática sin que aún se haya podido establecer con claridad sus causas. En efecto, los establecimientos educativos en su mayoría, en cada comienzo de año, sufren el no tener los suficientes niños en edad escolar en los distintos niveles matriculados para cumplir con el promedio exigido en relación al número de estudiantes por profesor.

Esta situación se refleja en un decaimiento paulatino en la cobertura escolar y como consecuencia de lo anterior la reubicación forzosa de docentes que "sobran" en algunas instituciones hacia zonas rurales y otros municipios sin mayor consideración, truncando de plano hogares y proyectos de vida. Sumado a esto, la no inversión de recursos por Ley 21 en las instituciones educativas de la ciudad, a través del Ministerio de Educación, al no poder demostrar un  aumento en la cobertura escolar.

En donde quiera que ha existido la posibilidad se ha hecho el interrogante si el problema educativo en la ciudad se debe principalmente a la existencia de una sobre oferta académica institucional, es decir muchos establecimientos educativos ofertando el servicio y poco la demanda existente, o, por el contrario si existe la demanda y el problema se deriva de una negación de posibilidades de acceso a la educación de la niñez en edad en escolar. Hasta el momento ni las autoridades educativas, ni las mismas instituciones han podido resolver el interrogante y la respuesta de algunos sin bases sólidas apuntan a decir, con el facilísimo propio que nos caracteriza, que el problema es de que aquí hay mucho colegio.

Ahora bien, si el problema es lo primero, la subsistencia de las instituciones educativas y sus docentes dependerá en sumo grado de las estrategias de mercadeo que generen para captar estudiantes y pare de contar. Pero si el problema es lo segundo, eso si es sumamente grave y de carácter estructural, comenzando por que se estarían violentando normas de carácter constitucional, habida cuenta de que la educación ha sido consagrada con un doble carácter: como un derecho de la persona y como un servicio publico que tiene una función social. En tanto derecho, su titularidad surge de la calidad de la persona. Como servicio publico, se destacan las obligaciones estatales de garantizar la continuidad, aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio educativo.

De igual manera, la Corte Constitucional ha calificado el derecho a la educación como un derecho de carácter fundamental, y por tanto, de aplicación inmediata, en dos eventos: cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad, conforme a lo establecido en el articulo 44 de la Constitución Colombiana, y cuando la amenaza o vulneración del derecho a la educación amenaza otro derecho de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso.

Es hora pues de que las autoridades comiencen a generar algún tipo de estrategia que permita identificar con certeza cuál es la verdadera causa del problema y de suplir estos vacíos de nuestra condición cultural y social, so pena de seguir viviendo año tras año las mismas angustias y los mismos sufrimientos y de ir creando paulatinamente una perversa cultura de negación hacia el derecho de estudiar y como tal un daño irreparable a la sociedad en su conjunto, la cual de seguir así terminara convertida en un modelo oscurantista de discriminación a la niñez y violencia larvada, bajo el manto oscuro y cómplice de las mismas instituciones encargadas de su protección.

Somos conscientes de nuestros males en el aspecto educativo, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan; es el momento pues de que comencemos a actuar.